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Las autoridades bolivianas investigan la supuesta instalación de una base militar estadounidense en Paraguay, cerca de la frontera común entre ambos países. La indagación arrancó tras la solicitud presentada por la Cámara de Diputados del país andino. La denuncia se dio luego de que el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de Paraguay confirmara que en julio trató con jefes militares de EE.UU. la posibilidad de instalar una base militar en el Chaco paraguayo.



Los legisladores bolivianos consideraron al respecto que tal paso podría representar una amenaza para el país. El analista internacional Eduardo Berezán cree que la posible iniciativa de Washington de instalar una base más en el continente sudamericano sería rechazada por el Mercosur y la OEA. “Si se pudiera constatar que esto es cierto, indudablemente caería muy mal en el seno del Mercosur, Paraguay está suspendida del Mercosur por el golpe que destituyó a Fernando Lugo, y generaría también muchísima inquietud dentro de la OEA”, aseguró el analista en declaraciones a RT. 

“Los EE.UU. tuvieron muchísima injerencia en la región latinoamericana en la década del sesenta, la década del setenta también, sustentando golpes militares y a veces actuando abiertamente como en el caso de América Central”, concluyó Berezán.

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El Gobierno de Evo Morales ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se esté gestando un golpe de Estado en Bolivia a cuentas de la protesta protagonizada por los policías que se han amotinado desde este jueves y añadiendo a esto la llegada a La Paz de los nativos amazónicos que defienden el parque Tipnis, prevista para esta semana próxima.

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, ha dicho a los medios que las "señas" de violencia que se han visto en las protestas policiales que tuvieron lugar ayer "podrían estar constituyendo un escenario de golpe de estado".

Dávila se refirió de esta manera a los disturbios violentos en varias ciudades, sobre todo en La Paz, donde centenares de agentes han saqueado el edificio donde trabajan la Inteligencia y el Tribunal Disciplinario de la Policía, además de la Interpol, y en los que quemaron sus archivos.

"Frente a la violencia que hemos visto, frente a estos indicios que estamos observando desde los informes de prensa, desde los informes de inteligencia que están llegando, acá hay un escenario muy preocupante", declaró Dávila.

Matizó que las esposas de los policías han mostrado "que no hay esa intención política, que ellos quieren dialogar", pero añadió que "se tiene que resolver este conflicto porque de lo contrario estamos ingresando en un escenario de golpe de Estado".


Una comisión de ministros liderada por el de Gobierno, Carlos Romero, y los dirigentes de los policías han celebrado dos reuniones preliminares desde anoche sobre la demanda de mejores salarios para los policías, sin resultados hasta ahora.

Las autoridades y los agentes van a intentar dialogar de nuevo, esta vez en el viceministerio de Régimen Interior, después de que el segundo intento de diálogo se suspendiera el sábado por una marcha de policías que llegó hasta el ministerio de Gobierno para protestar.

Horas antes, la ministra Dávila declaró a la radio Erbol que existen informaciones que muestran que los policías tienen la intención de mantener sus protestas hasta el martes, cuando está prevista a La Paz la llegada de los nativos amazónicos que defienden el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Sin embargo, los agentes han negado tener vínculos políticos o intenciones de derrocar al presidente  y aseguran que solo buscan una reivindicación económica. Los policías reclaman al Gobierno que su nivel salarial sea parecida a la de las Fuerzas Armadas, porque mientras ellos ganan ahora 178 dólares al mes, un militar de igual nivel recibe el doble. El salario mínimo de Bolivia, uno de los países más pobres de América, es de 144 dólares mensuales y el sueldo medio por poco sobrepasa los 546, según cifras de 2011.

El Gobierno les ha ofrecido aumentar 27 dólares a un subsidio de 57 que reciben mensualmente para tareas de seguridad ciudadana, aparte de suministrarles víveres dos veces al año y no una, como es el caso ahora, pero los agentes insisten en un aumento a su salario base.


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